Cómo subirán penas y multas con nueva ley de corrupción entre privadosALTO Cómo subirán penas y multas con nueva ley de corrupción entre privados
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Cómo subirán las penas y multas que regula la nueva ley de corrupción entre privados

Según un análisis del estudio jurídico Balmaceda Cox & Piña, uno de los desafíos que tendrán que enfrentar las empresas este 2019 será adecuarse y estudiar la nueva ley de corrupción que regula la corrupción entre privados y que crea nuevas figuras, sube multas y aumenta penas: Por ejemplo, multas a personas jurídicas que con la ley anterior llegaban a US$2 millones, con la nueva normativa podrían alcanzar incluso a los US$20 millones.

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Será entonces una obligación actualizar los modelos de prevención de las compañías, adecuándolos a las exigencias de la nueva ley 21.121 –que modifica el Código Penal para la prevención, detección y persecución de la corrupción-, promulgada el 20 de noviembre del año pasado. Su predecesora es la ley 20.393 -que sanciona los delitos de cohecho (soborno) a un empleado público nacional o extranjero, el lavado de activos y el financiamiento de actividades delictuales terroristas-, que resultaba ineficaz para sancionar transgresiones cometidas entre privados, que se incorporaron en la nueva ley, como la negociación incompatible, la corrupción entre privados, la apropiación indebida y la administración desleal.

Iván Millán, abogado jefe de la Unidad de Compliance del estudio jurídico Balmaceda, Cox & Piña -equipo que realizó un estudio comparativo de penas entre las leyes 20.393 (2009) y la 21.121 (2018) con cuatro casos emblemáticos- destaca las sanciones a las personas jurídicas ‘de forma tal, que multas que podrían haber sido aplicadas a los casos que actualmente están en proceso se multiplicarían varias veces, si es que hubiesen sido juzgados con la nueva ley’.

Ojo con el conflicto de interés

La valoración de Millán a la nueva normativa es drástica, puesto que ‘con este nivel de multas, más la ampliación de otras sanciones -prohibición de celebrar contratos con el Estado o la pérdida de beneficios fiscales-, puede exponer a una empresa a la quiebra’. El abogado hace hincapié en que a partir de ahora, ‘el delito de negociación incompatible se hace extensivo penalmente a gerentes y directores de sociedades anónimas’. Por lo que advierte que las sanciones de la nueva ley ‘no sólo golpean a la empresa como tal, sino adicionalmente a las personas que están en niveles de decisión importantes y que son precisamente aquellas que deben comprometerse con la prevención’.

Desde el punto de vista del abogado Rodrigo Reyes, de Prelafit Compliance, la nueva normativa ‘ha obligado a las compañías a actualizar los modelos de prevención, porque ahora tienen riesgos que no habían identificado, como estos cuatro delitos nuevos, estableciendo protocolos, normas y procedimientos para mitigarlos’. Aunque advierte que el proceso será largo y difícil, porque ‘significa evaluar en cada uno de los procesos de negocio, cuáles pudieran ser aquellos que tienen más riesgo que otros de incurrir en estos cuatro delitos’. Reyes adelanta que con estos delitos las empresas tendrán que elaborar controles en áreas como ‘las políticas de conflictos de interés, en especial para gerentes y directores. Antes, algunas empresas las tenían y otras no, hoy con el delito de administración desleal se hace imprescindible’.

Nota original Diario Financiero